“Las tierras incendiadas deben ser preservadas por el Estado”

8 03 2015
“Las tierras incendiadas deben ser preservadas por el Estado”

César Antillana expresó su solidaridad hacia los pobladores de la cordillera afectados por los incendios.

También opinó que “para impedir el negociado que se esconde detrás de esta acción criminal, hay que asegurar que las tierras incendiadas sean protegidas y preservadas por el Estado. Esas tierras no deben entrar en el mercado inmobiliario al menos por los próximos veinte años. Si no se toma esta medida, se favorece la acción delictiva de estos grupos que atentan contra la naturaleza, movidos por una ambición criminal”.

Según Antillanca, “esta medida debe alcanzar las áreas que están bajo jurisdicción de provincia y de los municipios. También se debe dar algún subsidio a los pequeños propietarios que sufrieron pérdidas. La ayuda que todos podamos darle ahora es bienvenida, claro, pero la recuperación no termina ahí”.

Propuso también la creación de una comisión mixta para el control de la preservación. “Debe conformarse una comisión integrada por investigadores en el área de ciencias naturales, sociales y económicas, por representantes de organizaciones ambientales, por vecinos y, claro, por funcionarios del gobierno, para regular la preservación de estas tierras. Después de ver el 25 de noviembre cómo los grupos económicos pueden manipular impunemente a un legislador, es conveniente no dejar en manos de estos representantes el control del patrimonio natural, que nos pertenece a todos”, sostuvo.

Crimen de lesa humanidad

El referente de la Corriente Unidad Sur pidió máxima severidad con los responsables de estos incendios.

Los autores intelectuales y materiales de estos incendios deben ser juzgados con la máxima severidad. El castigo debe ser ejemplar. Nosotros creemos que los delitos ambientales deben ser considerados crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes contra la humanidad”, indicó.

Antillanca criticó la conducta del gobernador Buzzi en esta circunstancia. “Es evidente que tardó muchísimo en reaccionar y darle a la crisis la importancia que tenía. Debía haber declarado la emergencia enseguida y tendría que haber pedido ayuda otros gobiernos provinciales y a nación rápidamente. Pero, en lugar de hacerlo, siguió con sus actividades normales por toda la provincia e incluso acusó a las organizaciones sociales y ambientales de ser violentas y antidemocráticas”, sostuvo.

Desde su perspectiva, “junto con este aberrante negocio inmobiliario, está la desidia de un gobierno que no ha invertido en seguridad ambiental, que no tiene aviones hidrantes ni equipamiento adecuado para este tipo de incidente. Esta culpa le cabe tanto a Buzzi, como a Das Neves y también a la administración radical de la provincia. La seguridad ambiental nunca fue una prioridad y así estamos hoy”.

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